Guatemala ganó un pulso al nacrotráfico

Muchos diputados temían el paso de LED porque han sido patrocinados y financiados en sus campañas por el narco.

Guatemala no es un país perfecto, pero hay que reconocer que los avances han comenzado. La aprobación de la Ley de Extinción de Dominio (LED), sin modificaciones en sus artículos y redacción es un triunfo para los guatemaltecos que somos víctimas de la violencia, el crímen organizado y el narcotráfico.

Seguramente esta no es una ley perfecta y su implementación tomará tiempo, pero ya tenemos una herramienta indispensable para comenzar a hacerle frente al crímen organizado. Además, se les está dando a las instituciones de seguridad y persecución penal una nueva arma para enfrentarse al poder del narcotráfico y la corrupción, pues es evidente que los criminales se verán debilitados y acorralados cuando comiencen a perder sus millonarios bienes.

Los 112 diputados que estaban en la sesión extraordinaria del Congreso el pasado martes, levantaron la mano para votar finalmente por la aprobación de esta ley. Ahora solo abrá que preguntarse ¿Qué pasó con los ausentes, con los opositores? Sus intereses por seguir encubriendo a los grupos criminales quedaron evidenciados.

Lo que es de lamentar, es que algunos diputados corruptos, miedosos de que esta ley antimafias los perjudicará en el próximo proceso electoral consiguieron que la normativa entre en vigor hasta junio de 2011, para evitar su persecución política y poder inscribirse como candidatos el 2 de mayo próximo. En este sentido, habrá que ser muy cautos y fiscalizar a esos políticos que aún pretenden cubrirse con el manto de la impunidad.

La polémica por la aprobación de esta ley viene a demostrar la infiltración del crimen en el Congreso, pues es bien sabido que muchos diputados se han enriquecido ilicitamente, han hecho sus fortunas con tráfico de influencias o han sido financiados en sus campañas por narcotraficantes.

Pero lo cierto es que luego de varios meses de retraso, discusión, bloqueos y amenazas, finalmente logró aprobarse el decreto 55-2010, que permitirá por primera vez en la historia de Guatemala que los bienes incautados al narcotráfico, crimen organizado y demás actividades ilícitas pasen a propiedad del Estado para reutilizarlos contra esas mafias. Entre los bienes que han sido confiscados se encuentran vehículos, viviendas, armas y dinero.

Con esta ley se podrá perseguir a los propietarios de bienes que provengan de una actividad ilícita, a los empleados, funcionarios y servidores públicos que hayan incrementado su patrimonio injustificadamente. Además, obliga a que las acciones al portador sean nominativas.

El día de hoy, vemos casos de poderosos criminales que van a prisión, pero cuyos bienes y fortunas continúan utilizados al servicio del crímen. Hemos visto escenas de cárceles donde los convictos viven entre televisiones plasmas, jacuzzis, billares, licor y lujos. Estas son cárceles que se asemejan a spas de lujo, y que son auspiciadas por sus presos ya que sus bienes continúan intocables. Lo más lamentable, es que desde estas prisiones, los criminales tienen el poderío para dirigir una nueva red de extorciones y crímenes que quedan impunes gracias a “Don Dinero” que todo lo compra.

Según datos oficiales, los recursos incautados al narcotráfico ascienden a Q47 mil millones, y si tomamos en cuenta que las armas incautadas, los carros y hasta el dinero en efectivo pueden ser redistribuidos y entregados a policía y jueces que hoy día están en trapos de cucaracha, la ley es prioritaria. Es evidente, que la desventaja de los narcos contra las fuerzas armadas es extrema y este puede ser un primer paso para dignificarlos.

A pesar de la aprobación de esta normativa en el Congreso, hay que ser claros que esta ley, se impuso gracias a la presión de grupos de sociedad civil y la comunidad internacional e integrantes del Cuerpo Diplomatico que en un valiente pulso consiguieron despojar a los diputados de sus malas intenciones de retirar los delitos relacionados con la corrupción, enriquecimiento ilícito y peculado de esta ley.

Los embajadores de México, Eduardo Ibarrola; Colombia, Juan Angel; así como Stephen McFarland de EEUU y Carmen Dies Orejas, de España entre otros, merecen un fuerte aplauso porque fueron valientes funcionarios que se atrevieron a hablar de frente y a exponer la experiencia los beneficios que esta ley ha dado a sus países para asfixiar la actividad criminal.

En Guatemala, los pulsos no son fáciles de ganar. Son batallas que pueden dejar muchas bajas. Pero en este caso, sin temor a equivocarme puedo asegurar que hemos ganado una de nuestras más importantes peleas: la lucha contra el crímen y narcotráfico.

Sylvia Gereda Valenzuela

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