Hincados ante los desestabilizadores

Estos desestabilizadores destruyen propiedad privada, matan, destruyen negocios en nombre de una irracional lucha ideológica y financiados por el crímen organizado

Sylvia Gereda Valenzuela

Como vivimos en un caos permanente, las noticias ya no nos calan y nada nos sorprende. Hemos perdido la capacidad del asombro porque Guatemala es un país donde lo imposible no existe. Todo puede suceder.

Y si no, basta ver los acontecimientos del martes 1 de mayo, cuando en medio de las ferias patronales de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, un grupo de 200 pobladores irrumpieron el destacamento militar situado en ésta localidad, acribillaron soldados y robaron sus fusiles. Todos ellos iban armadas con machetes, palos y armas de fuego. Las razones para semejante salvajada fueron la oposición a un proyecto de una hidroeléctrica y la resistencia a que en esta área de alto riesgo se instale una base militar.

¿En que país del mundo se ha visto que un grupo de revoltosos puedan ingresar impunes a un destacamanento militar y poner de rodillas a un grupo de Soldados? Quien organiza a estas turbas, quién las empodera, quien les da las armas y los recursos para sentirse tan protegidos y seguros para atacar a un ejército? Esas son las preguntas aún sin respuesta que los guatemaltecos deberíamos de empezarnos a preguntar en medio de esta crisis.

En Barillas, los pobladores que celebraban su fiesta patronal estaban aterrorizados. No basto tomar la base militar y disparar; sino también estos delincuentes se trasladaron a destruir tres casas y destruyeron más de la mitad de las ventas y negocios de la feria. Además de haber destrozado un hotel, seis cantinas y el salón municipal.

Tanto el ejército como la policía nacional civil estaban arrodilladas. No pudieron controlar estas turbas ni mucho menos parar la destrucción. Pasaron horas antes de que el Presidente de la República, Otto Perez Molina pudiera movilizar a más de 450 soldados para estabilizar el área.

Al final del día solo siete revoltosos delincuentes habían sido detenidos.

También se supo que esta misma turba protestaba contra el alcalde por haber aprobado la construcción de una hidroeléctrica, como si intentar invertir y generar nuevas fuentes de energía en un país colapsado fuera un delito.

Este caso, ejemplifica la impunidad que existe en Guatemala, el descaro con que estos grupos de desestabilizadores destruye la propiedad privada, mata gente, allana bases militares, destruye negocios y todo en nombre de una irracional lucha ideológica contra un ejercito que intenta afianzarse en áreas de narcotráfico, contrabando y delincuencia. Amén de los inversionistas que siguiendo un plan de gobierno que ha ofrecido la apertura de nuevas fuentes de energía invierten sus recursos en comunidades que viven sumidas en la pobreza y que necesitan nuevas fuentes de empleo.

El Presidente Pérez Molina ha dicho claramente, “No vamos a permitir que a representantes de la autoridad, gente que son maleantes, porque eso es lo que son, estén utilizando otras excusas para agredir y provocar en este caso al ejército”. Sin embargo, cuando uno voltea a ver las escasas capturas, las perdidas generadas por estos grupos a la comunidad que jamás les serán resarcidas y la impunidad en que los maleantes campean, se llega a la conclusión que muy poco se puede hacer si no se toman desiciones drásticas, como lo hizo Uribe en Colombia para frenar a estos grupúsculos.

En San Marcos ya se han reportado casos de pobladores organizados que roban electricidad a las empresas que allí operan y luego la venden impunemente. Nadie ha hecho nada tampoco. Todo el país está lleno de ejemplos de destrucción a inversión privada, zaqueos, boicots contra la inversión y crímenes.

En estos momentos, lo que estamos viendo es un pulso entre los grupos delincuenciales apoyados por los sectores recalcitrantes ideologizados al tiempo que son alimentados por fuerzas del narcotráfico y el crímen organizado, a quienes les interesa que impere el caos y que no llegue la autoridad.

¿Qué se le puede recomendar al Presidente Perez Molina? Que se arme de valor, que ejerza el peso de la ley contra quienes la infringen, que no de un paso atrás en su política de seguridad y que realice las denuncias necesarias para que de una vez por todo se siente un precedente y estos revoltosos maleantes vayan a la cárcel y sean juzgados.

El estado de excepción ya está impuesto en este territorio y definitivamente hasta que no exista un pleno control que garantice la seguridad de los pobladores, el Estado debe de velar por el respeto a la ley y garantizar la seguridad ciudadana.

"Trackback" Enlace desde tu web.

Deja un comentario